Nos dicen que nuestra alimentación nunca ha sido tan segura como ahora, que los alimentos no han pasado tantos controles como hasta el momento. Sin embargo, periódicamente, aparecen nuevos escándalos alimentarios, el último el de la carne de caballo. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria es la encargada de velar, teóricamente, para que aquello que comemos sea saludable. Pero, ¿quién hay detrás de esta agencia que tiene un papel clave en la autorización de miles de productos, como pesticidas, transgénicos y aditivos alimentarios, que acaban en nuestra mesa? Veámoslo.

COMUNICADO.    Detenidos de manera arbitraria 77 activistas del Movimiento Ríos Vivos en el Valle de Toledo querealizaban una protesta pacífica contra Hidroituango.

Alrededor de las 9:30 de la mañana de hoy, sábado 16 de marzo, fueron detenidas 77 personas quehacen parte de la protesta pacífica contra la construcción del proyecto Hidroeléctrico Ituango. Las personas detenidas son miembros de las comunidades locales y del Movimiento Ríos Vivos que se encuentran movilizados desde hace una semana en el Valle de Toledo, departamento de Antioquiaprotestando por los graves impactos que desde ya está ocasionando la construcción de Hidroituango. Entre los detenidos se encuentra Isabel Cristina Zuleta y Juan Pablo Soler que hacen parte de la coordinación nacional del Movimiento Ríos Vivos. El día de ayer, el Movimiento había denunciado el hostigamiento de miembros de la policía nacionalque irrumpió de forma intimidante en una asamblea que realizaban los participantes de la movilización. La detención arbitraria fue realizada por un comando de la Policía Nacional y del Escuadrón Antidisturbios, ESMAD, al parecer por orden directa del gobernador Sergio Faljardo. Los detenidosdenuncian la presencia de un miembro del Esmad que se encuentra encapuchado y que porta una placa de número 077909.

Ante los hechos señalados, el Movimiento Ríos Vivos demanda:

·Al gobierno nacional la libertad inmediata de los detenidos y el establecimiento de un espacionacional para dialogar sobre la política minero – energética y el reconocimiento del carácter delas afectados y los afectados por los proyectos hidroeléctricos.

· A las organizaciones de derechos humanos la solidaridad y el acompañamiento de lamovilización pacífica en el Valle de Toledo.

· A la comunidad nacional e internacional la denuncia y la solidaridad para hacer visibles las justas demandas del movimiento y demandar la libertad inmediata de los detenidos.

Bogotá, marzo 16 de 2013

MOVIMIENTO RIOS VIVOS

Apoya: Nodo Antioquia Coordinación Colombia Europa Estados UnidosCorporación Jurídica Libertad

MAS

Diari ARA, 16 de marzo de 2013. Gustavo Duch.

En Mozambique, empresas brasileñas y japonesas están haciendo prospecciones de tierras en la zona conocida como Corredor de Nacala para llevar a cabo en 14 millones de hectáreas una agricultura industrial de cultivos que alimentarán a las multinacionales de la venta de piensos para animales o agrocombustibles para camiones. En la República Dominicana, la población se manifiesta ante la embajada de Canadá para detener la mina a cielo abierto que busca oro en Pueblo Viejo; a la gente campesina les preocupa la contaminación con cianuro de sus tierras. La biodiversidad agrícola argentina en pocas décadas se ha convertido en un monocultivo de soja que, en manos de pocos terratenientes, es un fabuloso negocio para engordar la ganadería europea. Y ahora, en Cataluña, como en otros muchos lugares, afloran las intenciones de perforar el territorio rural en la búsqueda de cuatro gotas del gas denominado de esquisto.

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Artículo en Diagonal, por Patricia Manrique (Redacción Cantabria)

Fotografía de Albert García

Can Piella, bajo otra amenaza de desalojoLa masía, propiedad de una empresa del Grupo Alcaraz, estuvo diez años abandonada hasta su recuperación.

Can Piella, una masía del siglo XVII abandonada durante diez años, y ahora recuperada como centro social hace algo más de tres, vive nuevamente bajo amenaza de desalojo. En octubre del pasado año, se paralizaba una primera orden de desalojo cautelar mediante un recurso cuya desestimación ha motivado esta nueva orden que mantiene en solfa a los habitantes de los proyectos y colectivos que confluyen en el espacio comunitario.