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La sociedad civil europea insta a que la UE adopte una política común de inversiones internacionales que fomente el desarrollo sostenible y el trabajo digno

El Tratado de Lisboa, que entróen vigor el 1 de diciembre de 2009, ha trasladado las competencias sobre la inversión extranjera del ámbito de los 27 Estados miembros al ámbito de la Unión Europea. En estos momentos, la Comisión, el Consejo y el Parlamento están discutiendo los contenidos y la orientación de la futura política de inversiones de la 

UE. Se trata de un momento crucial, ya que la UE está negociando acuerdos de libre comercio e inversión con India, Malasia, Canadá, Mercosur y otros países, y está preparando nuevos acuerdos de inversión con países como China y Rusia.

Los acuerdos de inversión internacionales otorgan a las empresas multinacionales el derecho de demandar a Estados soberanos ante tribunales de arbitraje internacional. Cada vez recurren más a esta posibilidad inversores y despachos de abogados, que no dudan en cuestionar las normativas gubernamentales en materia social, medioambiental y económica cuando éstas parecen limitar la rentabilidad de sus inversiones. Si los responsables de formular políticas en la UE siguen concediendo a los inversores internacionales estos derechos jurídicos privilegiados, es muy probable que se produzca un marcado aumento de los casos de arbitraje entre inversores y Estados europeos.

Los tratados internacionales de inversión representan una amenaza para la gobernanza democrática y el interés público. Las organizaciones abajo firmantes exhortan a las instituciones europeas y a las gobiernos de los Estados miembros de la UE a desarrollar una política de inversiones equilibrada que exija responsabilidades a los inversores internacionales
y proteja el derecho a elaborar normativas a favor del interés público, el trabajo digno, los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental.

El futuro régimen de inversiones europeo debe:

• incorporar obligaciones para los inversores en los acuerdos de inversión, en particular en el área de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el trabajo digno y la responsabilidad empresarial

• incluir términos más precisos y restrictivos acerca de los derechos de los inversores

• abolir los mecanismos secretos y unilaterales de resolución de disputas entre inversores y Estados

• garantizar que las medidas gubernamentales concebidas y aplicadas para proteger o fomentar objetivos normativos de interés general no puedan ser objeto de litigio por considerarse una ’expropiación indirecta’ de las inversiones

• incluir una dimensión social y medioambiental significativa

Las negociaciones de tratados bilaterales de inversión (BIT) por parte de los Estados miembros de la UE se deberían suspender. Los BIT vigentes se deberían someter a un minucioso proceso de evaluación y modificación para cumplir con los principios de desarrollo sostenible, trabajo digno y equidad social.

- Si su organización quiere firmar este llamado, por favor enviar un correo hasta el 26 de febrero a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

- Para más información, por favor lee ese documento informativo: "Las políticas sociales, medioambientales y de interés público bajo amenaza.
Cambios en la política de inversión de la UE: ¡es la hora!"

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- Ecologistas en Acción

Área Agroecología y Soberanía Alimentaria