La urgencia de responder a la crisis del sector agrícola (artículo traducido al castellano)

Rita Calvario. http://www.esquerda.net/content/view/15198/130/

Es bien conocida la profunda crisis que vive la agricultura en Portugal, lo que coloca en riesgo la supervivencia de centenares de explotaciones agrícolas, afectando sobre todo los pequeños productores, la agricultura familiar y la actividad agrícola en las zonas de interior más desfavorecidas.

Igualmente, el país queda cada vez más dependiente de las importaciones agro-alimentes, situándose actualmente en la orden de los 70%, colocando un peso ya muy elevado en el déficit de la balanza comercial contabilizado en la orden de los centenares de millones de euros anuales.

Esta crisis resulta antes de más de la profunda incapacidad del Ministerio de la Agricultura los últimos años en aplicar políticas adecuadas en el sector.

Recuérdese que el proceso de reestructuración de la administración pública iniciado por el gobierno de Sócrates tuvo sus efectos más dramáticos en este Ministerio, que vio sus operarios reducidos la mitad y colocó más de 1.700 en el cuadro de la movilidad especial de una forma absolutamente injustificada e indigna.

Los trabajadores que aún se encuentran en esta situación, cerca de 900, están hace más de 2 años a la espera de colocación, sin recibir formación adecuada que permita su reintegración profesional y con muchos de ellos tienen rendimientos inferiores al salario mínimo nacional.

Esta violencia sobre la función pública, que el actual gobierno quiere mantener en el presupuesto para 2010, tuvo como resultado a total inoperancia de los servicios del ministerio, el cual fue incapaz de proceder a la evaluación de las candidaturas y proceder a los pagos a los agricultores, tanto al nivel de las ayudas directas como en el ámbito del programa de desarrollo rural, desde 2007, primer año del presente cuadro de programación financiera de la política agrícola común (PAC).

A la vez que el gobierno vació el ministerio de la Agricultura de sus técnicos y los mantiene en la movilidad especial, recurre al trabajo precario a través del "outsourcing" y a los recibos verdes para colmatar las necesidades de hecho existentes.

El caso más reciente de este escándalo es la contratación de una empresa de seguridades por el valor de 3,5 millones de euros para hacer el trabajo de fiscalización en el terreno a los agricultores para atribución de los apoyos públicos.

Pero la crisis vivida en el sector agrícola tiene más razones que la incapacidad operacional del ministerio.

Las opciones que han sido adoptadas al nivel de la política agrícola han sido generadoras de desigualdades y profundas asimetrías territoriales. Refiérase, como ejemplo, como ha sido hecha la distribución de las ayudas directas a los agricultores: en 2007, sólo 8% de los agricultores recibieron 75,7% de estos pagos, el mismo verificándose los años anteriores.

La no opción por la regionalización de las ayudas significa objetivamente la opción por beneficiar las explotaciones agrícolas mayores, más productivas y localizadas en regiones más ricas, contribuyendo también para la gestión rentista de la propiedad fundiária que tiene acceso a la ajud las. De este modo, el riesgo de desaparición de las explotaciones agrícolas familiares y situadas en zonas desfavorecidas permanece, con todos los efectos asociados como el êxodo rural, sobre todo en la ausencia de alternativas que revitalicen las economías rurales.

También es preciso referir el ataque que ha sido hecho a los productores por el funcionamiento de las leyes del mercado, lo que refuerza la idea de que es necesario intervenir públicamente en este campo

La crisis más reciente en el sector agrícola resultó en gran medida de la fuerte devaluación de los precios pagados en el productor, muy relacionada con el crecimiento elevado del coste de los factores de producción y de la enorme volatilibidad en la formación de los precios agrícolas, cada vez más sujeta a la especulación financiera internacional.

Uno de los factores de acréscimo de las dificultades de los agricultores se prende con la existencia de prácticas comerciales agresivas por parte de los circuitos de distribución y comercialización, los cuales no cubren frecuentemente los costes de producción. Cuando los productores se vienen confrontados con la venta de sus productos abajo de sus costes, se entiende que la sus dificultades económicas y de supervivencia de las explotaciones agrícolas sean enormes.

Pero estas prácticas comerciales agresivas no significan que se está beneficiando los consumidores en los precios finales de los productos agrícolas. Por el contrario, estos precios se mantienen elevados, lo que revela la existencia de márgenes comerciales especulativas a la cuenta del sacrificio de los productores y de la penalización de los presupuestos familiares, sobre todo de los más reducidos.

Existe, por lo tanto, una necesidad permanente de acompañar y estabilizar los mercados, de regular la actividad de los mercados grossistas y retalhistas, sobre todo de los grandes circuitos de distribución y comercialización, conferiendo mayor rigor y transparencia al proceso de formación de los precios agrícolas y combatiendo la práctica de dumping (tanto en las exportaciones como en las importaciones) y márgenes comerciales especulativas que sólo penaliza los agricultores y los consumidores, sobre todo los más vulnerables.

De esta forma, es preciso haber más información sobre la formación de los precios en la cadena agro-alimentar y hacerla pública, así como establecer reglas justas para las relaciones contractual y comerciales entre productores y el sector de la transformación, distribución y comercialización, de modo a asegurar derechos a los productores y garantizar precios justos para sus productos y precios aceptables en los consumidores.

Responder a la profunda crisis que vive el sector agrícola es fundamental y el Bloque de Izquierda ha sabido asumir su compromiso en esa respuesta en las varias intervenciones, visitas y proyectos de ley que ha hecho.

Rita Calvario