Los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay comienzan a proponer leyes. Las medidas son, en general, tímidas. Ninguno de los tres países socios en el Mercosur (Mercado Común del Sur), junto a Paraguay, plantean un rechazo a la adquisición de tierras por parte de capitales privados y estatales extranjeros, no fijan regulaciones sobre uso del suelo ni revisan lo que ya se vendió. Pero sí procuran poner límites frente al avance sobre estas propiedades agropecuarias desde países que las apetecen para facilitar el abastecimiento de sus propios mercados de alimentos o como instrumento de inversión especulativa.

Un nuevo informe revela los impactos devastadores en Brasil de la expansión de la soja, la caña de azúcar y la ganadería