Ramiro Téllez

Hola soy Ramiro Téllez de Nicaragua y trabajo en la campaña dual por la reforma agraria que impulsa la Vía Campesina a nivel mundial y vengo hablar no sólo de Nicaragua sino también de Centroamérica. Centroamérica son 7 países aunque pequeños en los que su economía se basa básicamente en la agricultura y todavía su población sigue siendo en su mayoría rural.

Hay con sus propias particularidades países como El Salvador que siendo un país pequeño está muy densamente poblado en comparación con Nicaragua que es el país más grande de Centroamérica y que tiene poca población respecto a su tamaño.

Un salvadoreño que tenga 10 o 20 manzanas de tierra ya se le considera un productor mediano mientras que en la zona central de Nicaragua el que tiene 50 manzanas es como si no tuviera nada.

Es en Honduras y en Guatemala donde principalmente se visibiliza la violación a los derechos campesinos, y digo visibiliza porque ves continuamente como se suceden desalojos violentos, se queman casas, se destruyen cultivos, donde son golpeados campesinos, donde son encarcelados hombres, mujeres y niños, ancianos, y también son asesinados.

En los otros países no es que no haya problemas de violación de los derechos del campesino sino que por ejemplo en el caso de Nicaragua hay gente que no tiene acceso a la tierra, ni a otros recursos naturales. Hay gente que no tiene trabajo y que está emigrando del campo a la ciudad y fuera de las fronteras y eso también es una violación de los derechos.

Los jóvenes no tienen acceso a la educación pero desde el punto de vista campesino el punto de vista más palpable ocurre en Guatemala y Honduras.

Un caso especifico de Honduras, y digo especifico porque es el que puede demostrar que los gobiernos aunque digan que están para demostrar la producción campesina y digan que están de acuerdo y lo expresen en convocatorias campesinas internacionales y en foros internacionales, cuando llegan a su país la realidad es otra.

El gobierno de Honduras es firmante del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales y en la última conferencia internacional de reforma agraria de Brasil el gobierno de Honduras estuvo presente y firmo la declaración y después se montó un foro. Públicamente el presidente dijo estar dispuesto a cambiar leyes para no resolver en la totalidad el problema agrario pero al menos resolver el caso de más de 800 campesinos que llevan hasta 30 o 40 años en la tierra ahora tienen conflictos agrarios. Podemos decir que esa gente está trabajando únicamente para pagar abogados, para gastos, para ir a la capital y no para lograr tener una vida.

Aunque ellos estén trabajando sus tierras de repente aparecen supuestos dueños, algunos con documentos falsos, otros inventados y muchas veces con el apoyo de las autoridades y esto hace que el conflicto no se resuelva.

A partir de todos estos acontecimientos, el movimiento campesino presentó una propuesta de decreto de expropiación forzosa que significaba resolver el problema de todos esos grupos campesinos. También hay una campaña de decreto pre-electoral que las 5 bancadas del congreso nacional aprobaron unánimemente. Fue una victoria del movimiento campesino, no un regalo, ni de la asamblea ni del poder ejecutivo, sino producto de la lucha. Dos o tres meses después, el poder legislativo lo oficializa al salir en el diario oficial suponiendo que es una ley, pero los antiguos dueños que en el momento estaban de acuerdo y públicamente estaban de acuerdo que se resolviera el conflicto agrario, ahora dicen que es anticonstitucional, que afecta a la propiedad privada, que alentará la toma de tierras y un sin número de excusas que no tienen razón porque es exclusivamente para la gente que ya esté en la tierra y que no tiene resuelto su conflicto. No se trata de casos nuevos. El miedo de ellos es infundado, no existe. Sin embargo, ellos ahora pretenden poner un recurso de amparo frente a la justicia y de ser así el gobierno de Honduras quedaría en entredicho. Aprueba la ley y después no es capaz de negociar con los otros poderes del estado para que la ley no sea revertible. Además los terratenientes no se han quedado en la amenaza de ir a la corte suprema para pedir un amparo contra este decreto sino que se han ido a la práctica contratando gente armada para-militar para intimidar, amenazar, y finalmente para asesinar dirigentes campesinos que están defendiendo este decreto.

Hemos visto como entre el 21 de Mayo y el 13 de Junio, 3 dirigentes campesinos de diferentes organizaciones campesinas de Honduras fueron asesinados. Algunos por gente armada por parte privada y otros por la misma policía. El caso en el que quisiera concentrarme es el de un compañero de apellido Molina que llevando 24 años en la tierra fue asesinado. Era de un grupo que tiene cultivos perennes, como el café, gente que tiene casas con sus diferentes cultivos pero hace más o menos 6 años apareció una supuesta dueña. Durante casi 20 años el grupo estuvo trabajando en paz con un documento del instituto agrario que les daba el derecho a producir la tierra, pero entonces aparece esa supuesta dueña con un documento de después del que tenían ellos, dando lugar a un proceso judicial con amenazas, además esa mujer está siendo protegida por autoridades como la policía y la fiscalía.

Hay muchos compañeros con procesos judiciales acusados de usurpación de tierras, de expoliar los bosques y la gente no está tranquila.

Fue en el día 29 de Mayo a las 9 de la mañana cuando apareció un vehículo particular a la propiedad del grupo campesino, y este al no conocer el vehículo preguntó quién es. Se encuentran con la dueña que viene con 4 policías y comienzan una discusión con otros miembros del grupo que no quieren dejarlo entrar y finalmente asesinan al compañero Molina. Además se llevan retenido al hermano del compañero Molina y otros compañeros acusados de atentado contra la policía. Entonces los demás compañeros se dirigen a la policía y allí el comisario dice que no han dado ninguna orden de desalojo.

Esto demuestra como las autoridades policiales y judiciales favorecen a los terratenientes y no a los campesinos, a pesar de que hay un decreto publicado aun siguen dándose esta clase de asesinatos.

Hay mucha preocupación y por ello la denuncia, porque creemos que estos 3 compañeros que han muerto en menos de un mes no van a ser los únicos. Creemos que va a ver una represión de la policía o de gente armada particular para amedrentar a la gente y que no siga luchando por este decreto.

¿ Esos grupos armados particulares quien los contrata?

Los terratenientes. No es un ejército privado, son los mismos campesinos que con el problema del desempleo o por otros problemas se prestan para que por un poco de dinero amedrenten, y consiguen hasta asesinar a compañeros.

¿A parte de este caso, cuales crees que son las violaciones más graves a los derechos humanos que sufren en otros países de Centroamérica?

En el caso de Guatemala, hay que saber que la mayoría de la población es indígena. Son comunidades indígenas que durante años han cuidado, manejado y preservado su territorio. Hay dos tipos de violaciones: una es que son desplazados de sus comunidades cuando el gobierno autoriza concesiones para explotación minera o para explotación de bosques. Ahí comienza un proceso de desplazamiento.

Para el indígena la tierra es para producir, es su forma de vida, su cultura, el manejo de recursos. Hay muchos terratenientes que por el interés o del bosque o del agua de alguna comunidad determinada, con el beneplácito de la policía, desplazan a la gente.

Hay un caso muy particular, en San Juan Siguatepekez donde en Marzo de este año, un compañero fue asesinado en una manifestación en contra de la explotación minera. Las autoridades nunca han resuelto el caso y la gente sigue presionando para que este caso se esclarezca. Como hay presión de la comunidad constantemente esta es asediada por miles de militares que llegan armados, con helicópteros sobrevolando la comunidad para amedrentar a la gente y que estos no sigan pidiendo el esclarecimiento del caso. Hay compañeros detenidos en Guatemala por estar en contra de la privatización del agua, de la explotación minera, del saqueo de los recursos forestales.

A este problema no se escapan las mujeres, que son las más afectadas. En el caso de Honduras, está documentado, mujeres amamantando a sus hijos en la cárcel acusadas de usurpadoras de tierras. El problema ya es que no sólo se atenta contra el hombre y la mujer sino a los niños y ancianos.

¿ Qué protección les ofrece la justicia a esa gente?

Hay un acompañamiento de carácter legal a los grupos campesinos, que no es suficiente ya que son muchos los casos que suceden. Hay dos tipos de problemas: económicos, ya que no tiene dinero suficiente para estar pagando abogados y seguir todos los juicios y además hay poco personal humano para acompañarles legalmente.

Lo que ha resuelto en parte el hecho de que la gente no esté en la cárcel es la presión de la organización. Es únicamente la presión social la que hace que la gente salga de la cárcel.

¿Habéis conseguido levantar en cierto sentido la preocupación entre la población con estas movilizaciones?

Hay dos cosas importantes. Como campaña global por la reforma agraria a nivel internacional organizamos hace un par de años en Honduras un encuentro con todos los jueces y personas que imparten justicia en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, un seminario para que conozcan los derechos internacionales. A pesar de que todos son abogados casi ninguno de ellos conocía estos derechos internacionales. El problema es que todos estos casos agrarios los ventilan en la parte criminal. Los conflictos no se resuelven desde el punto de vista jurídico agrario sino jurídico penal. Simplemente te acusan de criminal. Cuando un grupo campesino recupera una propiedad se acusa de invasión de propiedad privada, penado por el código penal.

Lo que pasa es que en Honduras desde hace un par de años viene habiendo una articulación entre movimiento campesino, movimiento obrero, ongds y otros movimientos porque el problema de la criminalización no sólo es de los campesinos también ha habido asesinados entre dirigentes de grupos que luchan por el tema ambiental, asesinados entre dirigentes gremiales.

Recientemente fue asesinada la presidenta de una organización sindical obrera. Iba por la carretera y fue acribillada a balazos y nadie sabe como fue. Resultaron muertos dos dirigentes sindicales y el conductor y las autoridades no investigan nada. Igualmente hay dirigentes del área urbana que luchan por pedazos de tierra y han sido encarcelados. Maestros golpeados y encarcelados.

El problema no es sólo para los campesinos es para toda la sociedad. En estas luchas no sólo te vas a encontrar campesinos sino gente de todos los sectores.

Entrevista realizada por Iratxe Arriola